El CEIP Emilia Olivares de Alhaurín el Grande presenta problemas estructurales en dos de sus módulos, lo que ha motivado la necesidad de su demolición. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía reconocen la gravedad de la situación, pero mantienen diferencias sobre quién debe asumir los costes y la gestión de las obras necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del centro.
El Ayuntamiento defiende que la responsabilidad recae en la Junta, dado que la gestión educativa y las infraestructuras escolares dependen de esta administración. Por su parte, la Junta señala que el Ayuntamiento debe colaborar en la ejecución de las obras.
Esta discrepancia ha generado un retraso en la intervención, afectando a la comunidad educativa y a las familias del municipio. La resolución del conflicto es clave para avanzar en la rehabilitación del centro y asegurar un entorno adecuado para el alumnado.